Ley de sometimiento: el lunes 13 de febrero continuará la redacción del proyecto antes de ser radicado por el Gobierno
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, liderará junto con el presidente Gustavo Petro el acto de radicación ante el Congreso que busca el desarme y judicialización de estructuras criminales locales y nacionales, como el Clan del Golfo o Los Pachenca.
El miércoles 8 de febrero, el presidente Gustavo Petro anunció desde Yarumal —Antioquia— que el 15 del mismo mes será radicado ante el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, denominado por el Gobierno como de Sujeción y Desmantelamiento de las Estructuras Criminales. Dicha iniciativa hace parte de la política de Paz Total y se espera que, en primera instancia, permita el desarme de grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y que no son de origen político, como aquellas que son locales y otras grandes como el Clan del Golfo y Los Pachenca.
Después de ese anuncio, el ministro de Justicia Néstor Osuna dijo que durante el fin de semana siguiente —11 y 12 de febrero— estaría “enclaustrado” junto con otros funcionarios, como el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a fin de ultimar detalles sobre esa iniciativa.
Justamente, el sábado 11 la cartera de Justicia y el Derecho dio a conocer que en la redacción del texto también están apoyando congresistas como Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda y Ariel Ávila. De hecho, este último le había hecho un llamado a la administración Petro en días pasados para que agilizara los trámites de radicación del proyecto. De igual manera, había anticipado el 30 de enero que iba a tener una serie de reuniones para que “en dos o tres semanas” estuviera lista la ley.
Incluso, afirmó que para abril podría estar aprobada esa reglamentación para el sometimiento de diversas estructuras criminales, como parte del proyecto de pacificación del Gobierno nacional.
Vale mencionar que el Ministerio de Justicia también indicó que el texto será presentado al presidente Gustavo Petro la próxima semana, para que sea él quien encabece el acto de radicación ante el Legislativo.
El jueves 9 de febrero, Osuna dijo con respecto a esta ley que quienes entreguen información y bienes que permitan el desmantelamiento de las estructuras criminales a las cuales pertenecen, podrían quedarse con el 10% de estos mientras que el Estado, a través de la Sociedad de Activos Especiales —SAE—, con el 90% restante.
También dijo que será incluida una rebaja en las penas, pero que hasta la próxima semana se conocerán esas medidas. Más allá de eso, dejó en claro que ese proyecto será un mensaje para las estructuras criminales: si deciden acogerse, tendrían beneficios y se desmantelará la banda criminal; si no, el Estado a través de la fuerza pública y la Rama Judicial los perseguirá.
Palabras similares pronunció el presidente Petro el miércoles 8 durante el Puesto de Mando Unificado ―PMU— instalado en Yarumal. Concretamente, advirtió: “¿quién dijo que nosotros aceptamos el traqueteo? Eso no esa en la posibilidad de la paz”, y reiteró que la fuerza pública no puede detenerse en su ofensiva contra las actividades criminales y hechos violentos contra la población.
La reforma a la justicia y la propuesta de despenalizar el incesto
En diálogo con Cambio, el ministro Osuna explicó —nuevamente— los puntos clave y algunos más controversiales de este documento. Uno de ellos tiene que ver con la propuesta de despenalizar el delito de incesto. Al respecto, dijo durante el domingo 12 que la endogamia ha sido histórica; “pero sea como sea, hay conductas que ya no son delito, pero que antes lo eran y se consideraban base de la sociedad”.
Asimismo, explicó que conductas como la bigamia han salido del Código Penal. “Fue delito hasta hace 23 años en nuestro país, y ya no lo es y probablemente por razones... O sea, las mismas razones que se pueden mencionar hoy en contra de despenalizar el incesto, seguramente se argumentaron en ese momento en contra de la despenalización de la bigamia”. También mencionó que el ultraje público a los símbolos ya no es delito tras un fallo de la Corte Constitucional.
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