A pesar de que Colombia participó en el desarrollo del Acuerdo de Escazú, no lo ha ratificado. Además, el Gobierno tiene poca disposición para aprobarlo y su participación en la cumbre es muy pobre.
Este miércoles empezó la primera Conferencia de los Estados Parte (COP1) del Acuerdo de Escazú, un encuentro que reúne a los países de América Latina y el Caribe que hacen parte del tratado ambiental, y a otros que están en el proceso de ratificación, para revisar su implementación y avanzar en algunos aspectos operacionales.
En el encuentro, que se extenderá hasta el próximo viernes 22 de abril, se hará seguimiento a los componentes del acuerdo que tienen que ver con la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y el financiamiento. Asimismo, se estructurará el comité que revisará el cumplimiento de lo pactado.
El evento se celebra en Santiago de Chile, y el presidente Gabriel Boric estuvo en la ceremonia inaugural y recordó que el pasado 18 de marzo firmó el proyecto de ley para que el Congreso de Chile ratifique el Acuerdo de Escazú.
En Colombia, el evento ha pasado casi inadvertido, a pesar de los compromisos adquiridos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2021 (COP26).
De hecho, Colombia hace escasa presencia con una comitiva encabezada por miembros de la Cancillería, pero no del Ministerio de Ambiente, y tampoco ha mostrado interés en participar como país observador.
¿Qué pasó con el Acuerdo de Escazú en Colombia?
Aunque el 20 de julio de 2020 el Gobierno presentó un proyecto de ley con mensaje de urgencia para ratificar el Acuerdo de Escazú, su debate se aplazó tanto que se hundió en la legislatura que finalizó el 20 de junio del año pasado.
Durante el 2021, hubo más de cuatro intentos infructuosos para que el Congreso lo votara. El sábado 19 de junio de ese año, se esperaba la votación definitiva, pero no se realizó por una confusión en la citación a los senadores y representantes. Varios políticos y congresistas de la oposición calificaron el error como una jugadita para dilatar el proceso.
Se esperaba que el debate se agendara para el siguiente día. No obstante, el Acuerdo Escazú no fue mencionado en la agenda del día. Con el hundimiento del proyecto, solo quedaba una esperanza: que el Gobierno lo presentara de nuevo.
En septiembre de 2021, los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Antonio Sanguino y Abel Jaramillo intentaron presionar la ratificación del acuerdo mediante una acción de cumplimiento. Un mes después, en el marco de la COP 26, el Gobierno radicó nuevamente el proyecto de ley, pero sin mensaje de urgencia.
El panorama no parecía muy favorable. Todo indicaba que Iván Duque terminaría su Gobierno sin que se discutiera el tratado. Sin embargo, invocando el estatuto de la oposición, varios senadores pidieron que fuera discutido en la Comisión Segunda del Senado el próximo martes 26 de abril.
El senador Iván Cepeda se pronunció al respecto en sus redes sociales y aseguró que la ratificació del Acuerdo de Escazú ha sido “reiteradamente eludida por el gobierno y su bancada, a pesar de los compromisos de Duque ante la ONU”.
¿Por qué es importante el Acuerdo de Escazú?
Uno de los aspectos centrales es la protección de los líderes ambientales y el acceso de las comunidades a la información sobre los proyectos que tendrían injerencia en sus territorios.
Se trata de componentes clave para Colombia, que se ha alzado como el país más peligroso del mundo para defender la naturaleza. En 2020, fueron asesinados 227 ambientalistas en el mundo y Colombia fue el país donde más casos se registraron, con 65, según el informe de la ONG británica Global Witness. Esta cifra, sin embargo, podría ser mucho mayor, debido al subregistro. Entre enero y septiembre de 2021, se registraron 56 asesinatos, según los datos de Indepaz.
El Acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica en 2018, plantea fortalecer la institucionalidad ambiental, los procedimientos ambientales y las políticas públicas al respecto, y contiene disposiciones que serán una guía para que el país supere las ambigüedades que tiene en legislación ambiental.
¿Qué se ha dicho en la Cumbre?
La primera reunión de la COP ha destacado la necesidad de que los países colaboren entre sí para alcanzar los objetivos y ha llamado la atención para aquellos que no lo han ratificado avancen en el proceso.
La vicepresidenta de la República de Costa Rica, Epsy Cambell, destacó ese aspecto: “Nuestras sociedades se han polarizado en debates absurdos sobre la disyuntiva de conservación del ambiente y el desafío desarrollo sostenible”, lo que ha impedido avanzar “en políticas públicas que permitan afrontar el cambio climático”.
A su vez, lamentó que en pleno siglo XXI haya “quienes utilicen esa disyuntiva, esa falsa dicotomía, con falsas premisas que dificultan trabajar”.
Se hizo énfasis en que las mujeres, las comunidades y los más empobrecidos son quienes están sufriendo directamente las consecuencias de la crisis ambiental. “Las personas más afectadas deben tener una voz, eso queremos, especialmente los pueblos indígenas, y los grupos en situación de vulnerabilidad”, destacó Andrea Sanhueza, representante electa del público.
También se abordaron algunos aspectos del comité y sus labores. De acuerdo con Sanhueza, se recibirán aportes ciudadanos sobre el incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Escazú por parte de un Estado parte y se adoptarán medidas para proteger la identidad de las personas que puedan sufrir represalias por informar casos ante el comité.
“Sabemos que en esta región defensores ambientales son asesinados […]. No nos podemos acostumbrar y resignar a vivir en una región donde la violencia, la exclusión y la crisis climática y socioambiental sean el pan de cada día”, afirmó Sanhueza.
En esta semana se espera conocer más de cómo se abordará el Acuerdo de Escazú a nivel regional.
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