Condenado a 10 años de prisión un hombre que compartió en redes sociales imágenes sexuales de menores de edad.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal del circuito de Medellín (Antioquia) condenó a 10 años de prisión al periodista independiente Jairo Luis Fuentes Hernández, de 41 años, y quien fue encontrado responsable del delito de pornografía con menores de edad. Además, deberá cancelar una multa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De acuerdo con la investigación adelantada por un Fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), en marzo de 2015 el condenado contactó por redes sociales a un hombre a quien invitó a hacer parte de un grupo denominado ‘Sados’, creado para personas interesadas en sostener relaciones sexuales con animales y menores de edad.
Labores de policía judicial adelantadas con el apoyo de la Policía Nacional y autoridades francesas evidenciaron que a la referida invitación el condenado adjuntó fotografías en las que aparecían menores y adultos en actividades sexuales.
Un hecho similar se presentó en mayo del mismo año, cuando Fuentes Hernández nuevamente envió imágenes con contenido pornográfico en el que aparecían niños y adolescentes.
En desarrollo de las acciones judiciales desplegadas en el marco de esta investigación, y en un trabajo coordinado con autoridades francesas, se logró determinar que un ciudadano francés estaba implicado en delitos similares. Esto permitió que dicha persona fuera condenada en su país de origen.
La decisión contra Fuentes Hernández fue apelada por su abogado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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